Nueva reforma de seguridad en México: hacia un sistema más eficiente y justo
En un país donde el índice de impunidad alcanza el 99%, según la CNDH, la inseguridad ha marcado nuestra vida diaria. Durante décadas, la falta de coordinación entre las instituciones de justicia y seguridad ha generado desconfianza ciudadana y ha permitido que los delitos se acumulen sin castigo.
Sin embargo, un nuevo capítulo comienza con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum: una reforma al Artículo 21 de la Constitución que busca dar a México un sistema de seguridad pública más eficiente, organizado y orientado hacia la prevención.
La reforma al Artículo 21: ¿qué cambia en el sistema de seguridad?
La propuesta tiene como objetivo transformar el enfoque de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, estableciendo un modelo más coordinado y funcional.
Puntos clave de la reforma:
Mayor rol de la SSPC en investigaciones:
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tendrá nuevas facultades para auxiliar en la investigación de delitos, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
Colaboración entre instituciones:
La Guardia Nacional y las policías locales trabajarán bajo el mando de la SSPC para garantizar una respuesta más rápida y eficiente.
Transparencia financiera:
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública auditará los fondos federales destinados a la seguridad, buscando evitar la corrupción en estas instituciones.
Prevención de la violencia:
La reforma prioriza atacar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades.
A diferencia de estrategias pasadas que se centraban en el combate directo a la delincuencia, esta reforma pone un fuerte énfasis en la prevención de la violencia.
Acciones preventivas destacadas:
Atender la desigualdad social: Promover oportunidades económicas en comunidades marginadas.
Educación y cultura de paz: Crear programas sociales para jóvenes, evitando que caigan en actividades delictivas.
Transparencia en los recursos: Supervisar los presupuestos para garantizar que los fondos lleguen a donde más se necesitan.
Este enfoque integral es un cambio significativo frente a los modelos de seguridad implementados en gobiernos pasados, que privilegiaban el uso de la fuerza por encima de las soluciones estructurales.
La coordinación como clave del éxito
Un punto crucial de la reforma es la mejora en la coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), que ha sido históricamente un talón de Aquiles en la estrategia de seguridad pública.
Beneficios esperados:
Eficiencia en la respuesta: Evitar duplicidades y conflictos de competencias.
Mayor efectividad en la investigación de delitos: Al trabajar directamente con la FGR, las instituciones de seguridad podrán actuar con mayor rapidez y precisión.
Reducción de corrupción: La centralización y auditoría de fondos federales contribuirán a evitar el desvío de recursos.
¿Qué significa esto para los ciudadanos?
Si se aprueba esta reforma, los mexicanos podrían ver una mejora tangible en la seguridad pública y la impartición de justicia.
Reducción de la impunidad: Una coordinación más estrecha entre instituciones permitirá resolver más casos.
Confianza ciudadana: Un sistema más transparente y eficiente generará mayor confianza en las instituciones.
Menos violencia: Atacar las causas estructurales de la violencia podría disminuir los índices delictivos a largo plazo.
Aunque la reforma es un paso en la dirección correcta, su éxito dependerá de la implementación efectiva y del compromiso real de todos los niveles de gobierno. Además, será clave que la ciudadanía exija resultados y monitoree el progreso para garantizar que las promesas se conviertan en acciones concretas.
“Un México más seguro es posible si se prioriza la coordinación, la transparencia y la prevención. Esta reforma podría ser el inicio de esa transformación.”
