¿Qué estados prohibieron los ‘narcocorridos’?

Aguascalientes y Michoacán se unieron a la tendencia nacional contra los ‘narcocorridos’, al prohibir la realización de espectáculos públicos que promuevan o hagan apología de actividades delictivas.

Esto pese al rechazo de la propia Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para promover dicha restricción a nivel nacional.

Por su parte, ese mismo día el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un decreto para prohibir a nivel estatal los espectáculos públicos donde “se interprete música que haga apología a la violencia, a grupos de la delincuencia organizada y personajes perseguidos por autoridades personales y estatales”.

Así incrementa las entidades que han tomado cartas en el asunto contra el género que, incluso, ya entró en el radar del gobierno de Estados Unidos (EEUU).

En julio del 2023, Chihuahua se convirtió en uno de los pioneros en prohibir la apología del delito en espectáculos públicos. Y fue el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, quien ‘estrenó’ las regulaciones y multas tras presentarse el 22 de septiembre del mismo año como parte de su gira Tumbado Tour.

A través de un comunicado, el municipio informó que el intérprete de éxitos como Madonna (2024) o Mi Bello Ángel (2023) había sido multado con más de un millón de pesos por interpretar “contenido musical que hace apología al delito, así como contenido que promueve la violencia contra la mujer y propicia su denigración, discriminación y exclusión”.

Las acciones contra el cantante obedecieron, por una parte, al “Reglamento de Justicia Cívica”, en cuyo artículo 34 se considera una infracción la “interpretación y/o reproducción de contenidos musicales, videos o imágenes que hagan apología del delito o de los autores de hechos ilícitos en espectáculos públicos, artísticos o de variedad” aprobados por el municipio.

El incumplimiento de la normativa conlleva dos tipos de sanciones: arresto de 25 o 36 horas, o multas económicas de 6 mil 500 a 12 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente— al 2025, equivalente a 735 mil 410 y un millón 357 mil 680 pesos, respectivamente—.

Dicho monto podrá duplicarse en caso de que el sujeto acreedor haya sido sancionado por los mismos actos dentro de los últimos cinco años.

Era finales del 2023 y el Estadio Caliente de Tijuana, en Baja California, se alistaba para recibir en octubre a dos grandes exponentes de la música regional mexicana: Peso Pluma y Fuerza Regida. Pero una serie de ‘narcomantas’ supuestamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) frustraron los preparativos.

La amenaza era la misma para ambos: ser la última presentación de sus carreras y de sus vidas. “Esto por irrespetuoso y lengua suelta”, decía el mensaje para el también llamado ‘Doble P’, mientras la advertencia hacia la agrupación fue: “Se presentan y los matamos. Fuerza Regida, no quisieron por las buenas”.

Cuestionada al respecto, la alcaldesa, Montserrat Caballero, rechazó que la cancelación respondiera a una orden del gobierno municipal. Sin embargo, bastó de un par de meses para que el cabildo decidiera prohibir las presentaciones de narcocorridos en espectáculos públicos.

Tras ser aprobada por unanimidad, la iniciativa reformó el artículo 3ro del “Reglamento de Espectáculos Públicos de la Ciudad de Tijuana”, agregándole un párrafo que estipula:

“En la presentación de espectáculos y diversiones públicas, queda prohibido el transmitir, exhibir, exponer, interpretar y/o reproducir música, videos, imágenes o cualquier otro similar que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito o de los autores de hechos ilícitos”.
Las multas para quien infrinja la norma va de 6 mil a 12 mil veces el valor diario de la UMA, es decir, podría partir de los 678 mil 840 pesos y ascendería hasta el millón 357 mil 680 pesos, de acuerdo al valor vigente al cierre de esta edición. Dichos ingresos, especifica la norma, se destinarán a programas de prevención, tratamiento y control de adicciones.

De ahí que, a través de un comunicado, la dependencia dejó en claro que dicha infracción puede aplicar a “artistas, cantantes, productores, promotores, representantes, músicos o público en general” que, además de realizar apología a la violencia, refieran a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos.

La violación del artículo puede conllevar una pena de tres a seis meses de prisión, así como 30 a 60 días multa.

Pero con la prohibición, el cantante Luis R. Conríquez, uno de los artistas contemplados para ambos eventos, se vio orillado a no interpretar ‘narcocorridos’ en su presentación. Su decisión generó inconformidades entre el público, las cuales incluso derivaron en abucheos, quejas y hasta destrozos al escenario en el Palenque de Texcoco (que ascendieron a los 4 millones de pesos).

“Desgraciadamente fui el primero al que le pasó algo así. Nunca me había pasado. Sí hubo un agüite de parte mío, porque no lo dejan cantar a uno lo que uno canta”, reflexionó el artista.
Debido a las trifulcas en Texcoco, el cantante también canceló su presentación en la Feria de San Isidro Metepec que estaba anunciada para el 15 de mayo.

A diferencia de los demás estados, en Nayarit se publicó un decreto que explícitamente prohíbe la interpretación de “música comúnmente conocida como ‘corridos tumbados’, ‘narco corridos’, ‘corridos’, ‘corridos progresivos’, ‘corridos bélicos’, ‘corridos alterados'”, así como cualquier otro género que promueva la apología del delito y la violencia.

La norma aplica indistintamente a eventos públicos en ferias, plazas, auditorios, estadios o centros de espectáculos, organizados por personas físicas, morales o autoridades gubernamentales.

Asimismo faculta a la Secretaría de Seguridad Estatal para realizar operativos de inspección e imponer sanciones que van desde suspensión temporal, definitiva o revocación de permisos y/o autorizaciones.

Desde julio del 2023, el paraíso caribeño puso fin a los eventos musicales que promovían la violencia a través de los ‘narcocorridos’.

La medida, que respondió a una instrucción directa de la alcaldesa del ayuntamiento de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, derivó en la cancelación de conciertos programados en la Plaza de Toros, como los de El Komander y Grupo Firme.

Desde el 21 de enero de 2025 se discute en las comisiones del Congreso de Tamaulipas la iniciativa del diputado Claudio Alberto de Leija (Morena) para prohibir eventos y espectáculos que promuevan la apología del delito.

Entre otras disposiciones, el proyecto propone que la restricción se implemente en los reglamentos municipales de espectáculos y diversiones, a fin de evitar que los Ayuntamientos otorguen permisos o licencias para este tipo de presentaciones. Y para concederlos, se solicitará el repertorio o lista de contenidos musicales que serán interpretados o reproducidos en dichos eventos.

El asambleísta sostuvo que la medida no es limitante a los ‘narcocorridos’, sino a las letras de cualquier género musical que vanaglorian el delito. Asimismo, aclaró que es una iniciativa únicamente para espectáculos públicos y “no es para que no la escuches en tu carro, en un bar o en algún otro lugar”.

Al igual que sus homólogos tamaulipecos, las y los asambleístas de Jalisco estudiarán el decreto enviado por el secretario general, Salvador Zamora, para obligar a los municipios a prohibir la apología del delito en eventos, espectáculos públicos y establecimientos comerciales.

La iniciativa de reforma es una respuesta a la instrucción directa del gobernador, Pablo Lemus, tras la proyección de imágenes del líder criminal ‘El Mencho’ en el concierto de Los Alegres del Barranco.

Dicha restricción será aplicable para todos los espectáculos públicos dependientes del gobierno estatal, incluidas las Fiestas de Octubre; a los cuales no podrán presentarse “ningún grupo que haya tenido antecedentes de hacer apología del delito y de estar hablando de grupos criminales o delincuentes”.