Ocupa Chihuahua primer lugar de llamadas al 911 por violencia familiar

Chihuahua.- Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en llamadas al 911 por violencia familiar, con una tasa de 1,299.1 reportes por cada 100 mil mujeres.

En términos reales, el número de llamadas registradas en 2024 ascendió a 25 mil 998, una cifra que refleja la urgencia de reforzar estrategias de prevención y atención a la violencia de género en la entidad, según Irma Villanueva del Movimiento Estatal de Mujeres Feministas.

A diferencia de otros años, este movimiento realizó su posicionamiento del 8 de marzo frente al muro de acero que rodea el Palacio de Gobierno, en vez de la Cruz de Clavos. Vestidas de negro con atuendos morados, las manifestantes se colocaron frente a la Secretaría de Hacienda para denunciar la falta de acciones efectivas. Señalaron que los programas actuales no han sido suficientes y deben rediseñarse para garantizar seguridad y justicia a las mujeres chihuahuenses.

El pronunciamiento se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el lema “Para las mujeres y niñas en TODA su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento”, promovido por ONU Mujeres. La conmemoración no solo sirvió para recordar los derechos conquistados, sino para denunciar los rezagos en el acceso a la justicia, la paridad de género y la erradicación de la violencia en el estado.

Los datos oficiales reflejan una crisis que no ha podido ser contenida. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La más frecuente es la psicológica, con un 51.6%, seguida de la sexual (49.7%), la física (34.7%) y la económica o patrimonial (27.4%), informó.

A pesar de la creciente incidencia, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Villanueva denunció que las carpetas de investigación no avanzan y las sentencias se estancan en los tribunales, lo que genera un clima de impunidad. “Las denuncias no llegan a buen puerto, y cuando lo hacen, no se juzgan con perspectiva de género”, subrayó.

En Chihuahua, la violencia vicaria –aquella que busca dañar a las mujeres a través de sus hijos– sigue sin ser reconocida plenamente. En el Congreso del Estado existen cinco iniciativas sobre el tema, pero solo una considera que esta violencia es ejercida por los hombres contra las mujeres. “No entienden que la violencia vicaria es la culminación de la violencia vivida y que, ante la decisión de separarse, a muchas mujeres les quitan a sus hijos para seguirlas violentando”, señalaron las manifestantes.

Además de la crisis de violencia, el evento también sirvió para denunciar las irregularidades en el proceso de selección de magistradas y juezas en Chihuahua. Erika Mendoza, abogada y defensora de derechos humanos, expuso que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado dejó fuera a 90 aspirantes sin justificación clara. Entre ellas se encuentran mujeres con trayectoria comprobada en el ámbito judicial, cuya exclusión ha sido calificada como violencia política en razón de género.

La convocatoria para la elección de magistraturas, emitida el 10 de enero de 2025, prometía transparencia y equidad. Mendoza, quien participó en el proceso, relató que junto a otras mujeres cumplió con todos los requisitos, pero su candidatura fue eliminada en una maniobra que calificó de irregular. “Nos inscribimos, pasamos cada una de las etapas y llegamos hasta la inscripción. Sin embargo, el 24 de febrero, la Junta de Coordinación Política no asistió a la sesión en la que debían acreditarnos y aprobar los nombramientos”, afirmó.

El 28 de febrero, el Congreso eliminó de las listas a 90 personas sin motivación ni justificación suficiente. Mendoza y otras dos candidatas fueron señaladas en medios de comunicación como “extensiones de gobiernos pasados”, lo que, según denunció, fue parte de una estrategia para desacreditar su postulación.

“No solo vulneraron nuestros derechos políticos, sino que nos expusieron públicamente, nos señalaron con nombre y apellido en medios de comunicación como si no tuviéramos mérito propio. Nos dijeron que éramos perfiles que ‘debían ser extirpados’ porque haríamos daño al Poder Judicial”, denunció.

Aseguró también que esta no es la primera vez que enfrentan represalias. En 2021, al inicio de la actual administración estatal, Mendoza y otras dos mujeres fueron despedidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. “Las tres fuimos despedidas, las tres hemos sido vinculadas con acusaciones falsas, las tres hemos sido amenazadas dentro del Poder Judicial. Y ahora, las tres fuimos borradas de la lista de magistradas”, agregó.

Ante este contexto, el Movimiento Estatal de Mujeres Feministas presentó una serie de exigencias a las autoridades de los tres poderes del estado. Entre ellas, la reactivación de la Mesa de Alerta de Violencia de Género, un mecanismo que debería coordinar acciones para la protección de las mujeres en cinco municipios de Chihuahua, pero que desde hace un año no ha sesionado.

También exigieron la transparencia en la selección de magistradas y juezas, la reparación del daño a las candidatas eliminadas del proceso y la aprobación inmediata del protocolo de actuación en el Poder Ejecutivo contra la violencia laboral, un documento que lleva más de un año sin ser implementado.

Además, señalaron la falta de paridad de género en el gobierno estatal. Desde septiembre de 2024, es obligatorio por ley que los gabinetes de los niveles estatal y municipal tengan una composición paritaria, sin embargo, en Chihuahua esta disposición no se ha cumplido. “La muestra es clara: en el gabinete estatal solo hay una secretaria”, indicaron.

Otra de las demandas urgentes fue el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en la capital, que opera con recursos insuficientes y sin personal capacitado. Señalaron que sin presupuesto adecuado, es imposible brindar una atención efectiva a las víctimas de violencia.

Para concluir su manifestación, en un acto de protesta, las mujeres lanzaron flores dentro del muro de acero que las separaba del Palacio de Gobierno. Un gesto simbólico que contrastó con la barrera metálica que bloqueaba su acceso y que, para ellas, representa la indiferencia del Estado ante la crisis de violencia de género.